Hace 29 a\u00f1os, justamente en febrero de 1993, comenzaba mi pr\u00e1ctica en Derecho Ambiental, para entonces como profesor de pregrado de la materia, incluso antes de la expedici\u00f3n de la Ley 99 en diciembre de 1993, la cual le dio un impulso decidido a la normatividad ambiental. Mi pasi\u00f3n por la nueva disciplina dentro de la ciencia jur\u00eddica y otras circunstancias de la vida, me pusieron como cofundador y director del primer posgrado de Derecho Ambiental en Colombia y editor del primer compendio de normas ambientales en el pa\u00eds.\u00a0<\/span><\/p>\n Para entonces, la fuente de inspiraci\u00f3n y sustento de la pr\u00e1ctica en todos los \u00e1mbitos (sector p\u00fablico, privado y acad\u00e9mico) era el C\u00f3digo de los Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al Medio Ambiente, el Decreto Ley 2811 de 1974 y sus reglamentos, ese sencillo marco normativo relativo a la protecci\u00f3n y el uso de los recursos naturales, que en su momento, y como respuesta a la Cumbre de Estocolmo en 1972, bajo los lineamientos de un conservacionismo utilitarista apadrinado por el ambientalismo, dise\u00f1\u00f3 un grupo interdisciplinario de pioneros y visionarios en la disciplina y en la protecci\u00f3n ambiental.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Casi 30 a\u00f1os despu\u00e9s, la legislaci\u00f3n ambiental colombiana vive una explosi\u00f3n normativa aupada principalmente por la suscripci\u00f3n y adopci\u00f3n de tratados y convenios internacionales, en especial los relativos al cambio clim\u00e1tico, el ingreso de Colombia a la OCDE, los intereses propios de los mercados y negocios verdes, el activismo ambiental, la armonizaci\u00f3n normativa y los principios de progresividad y no regresividad en materia ambiental, entre otros.<\/span><\/p>\n Esa din\u00e1mica se refleja en la adopci\u00f3n de una serie de normas de reciente expedici\u00f3n, relativas al cambio clim\u00e1tico (transici\u00f3n energ\u00e9tica y acci\u00f3n clim\u00e1tica), gesti\u00f3n integral del riesgo (plan de gesti\u00f3n del riesgo de desastres, plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas), gesti\u00f3n integral de sustancias de uso industrial (gesti\u00f3n ambiental de sustancias qu\u00edmicas, programa de prevenci\u00f3n de accidentes mayores), econom\u00eda circular y residuos (c\u00f3digo de colores, planes de gesti\u00f3n de envases y empaques), protecci\u00f3n de la biodiversidad y restauraci\u00f3n ecol\u00f3gica (programa de siembra de \u00e1rboles, \u00e1reas protegidas), responsabilidad legal ambiental (delitos contra el ambiente y los recursos naturales) entre otros temas de relativa reciente expedici\u00f3n, donde se han reglamentado materias tales como: licencias y estudios ambientales, recurso h\u00eddrico, vertimientos l\u00edquidos, calidad del aire y participaci\u00f3n ambiental.\u00a0<\/span><\/p>\n Muchas de estas normas a\u00fan est\u00e1n pendientes de reglamentaci\u00f3n y, por tanto, se vienen m\u00e1s requisitos legales a cumplir, identificar, implementar y evaluar por parte de las empresas. Por ahora, las empresas deber\u00e1n, entre otras novedades: medir su huella de carbono, contabilizar las emisiones de GEI y, las medianas y grandes empresas, desarrollar un programa y sembrar anualmente 2 \u00e1rboles por cada trabajador, sumando a otras obligaciones ya conocidas, relativas a las licencias, estudios, permisos, autorizaciones, concesiones, programas, planes, registros, reportes y dem\u00e1s instrumentos de manejo y control ambiental.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, deber\u00e1n seguir soportando las cargas derivadas de la gesti\u00f3n ambiental y el cumplimiento de las normas, entre otras, las tasas por uso o por contaminaci\u00f3n, las compensaciones ambientales, o, las cada vez m\u00e1s elevadas tarifas por evaluaci\u00f3n y seguimiento a cada instrumento de manejo y control ambiental, entre otros recursos financieros, tecnol\u00f3gicos, organizacionales y humanos requeridos por las empresas, todo lo cual configura una cierta reconversi\u00f3n industrial dirigida al cumplimento de las normas.\u00a0<\/span><\/p>\n Entendiendo la legislaci\u00f3n ambiental como una legislaci\u00f3n restrictiva de la propiedad privada y la libertad de empresa, el sector privado deber\u00e1 soportar estas cargas como ya lo viene haciendo, jalonando el cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos internacionales y seguir\u00e1 trasladando cada vez m\u00e1s recursos al sector p\u00fablico, por medio de las tasas, tarifas, impuestos y contribuciones, cuyos resultados no siempre son visibles, adem\u00e1s de enfrentarse a un cada vez mayor control, vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades p\u00fablicas, un mayor control social y en veces, beligerancia de comunidades que ven en los mecanismos de participaci\u00f3n en asuntos ambientales un veh\u00edculo para su reivindicaciones y, finalmente, al aumento gradual de la responsabilidad legal ambiental.\u00a0<\/span><\/p>\n Frente a estos retos y desaf\u00edos, las empresas deber\u00e1n, en consecuencia, incorporar cada vez m\u00e1s los criterios de sostenibilidad y gesti\u00f3n ambiental integral en su funcionamiento, as\u00ed como adaptarse al nuevo marco regulatorio y disponer los recursos requeridos para el efecto, adem\u00e1s de avanzar en una senda de producci\u00f3n, consumo y desarrollo de bajo carbono y resiliente al clima, entendiendo que tambi\u00e9n hay oportunidades en la materia.\u00a0<\/span><\/p>\n Lo anterior, de tal manera que se asegure la funci\u00f3n de cumplimento normativo en materia ambiental, se garantice una debida diligencia ambiental, territorial y social, se gestione un adecuado relacionamiento con autoridades y comunidades y se minimice el riesgo desde el punto de vista legal, entendiendo la gesti\u00f3n ambiental y el cumplimiento de las normas, como estrategia de competitividad y de diferenciaci\u00f3n, como blindaje frente a demandas, sanciones, cierres, multas y pasivos ambientales y, como elemento determinante para el mejoramiento de la imagen corporativa, la reputaci\u00f3n y la continuidad del negocio.\u00a0<\/span><\/p>\n La <\/span>iuris ratio<\/span><\/i> ense\u00f1a que la norma debe ser un factor de cohesi\u00f3n social, para el caso de cohesi\u00f3n entre la sociedad y la naturaleza, entre la poblaci\u00f3n y el territorio, de soluci\u00f3n de problemas y de resoluci\u00f3n de conflictos. Sin embargo, la explosi\u00f3n normativa y los intereses en la materia muchas veces distan de esa racionalidad, m\u00e1s a\u00fan, cuando hoy d\u00eda tenemos m\u00e1s problemas y conflictos ambientales. Casi 30 a\u00f1os despu\u00e9s del inicio de mi pr\u00e1ctica en el Derecho Ambiental, ratifico que una sociedad es m\u00e1s avanzada cuando menos normas tiene y que se requiere para los prop\u00f3sitos de la protecci\u00f3n del ambiente y los recursos naturales y de la justicia ambiental intra e intergeneracional, mucha m\u00e1s educaci\u00f3n que legislaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n Por: Juan Carlos Alvarez Quintero
<\/b>Socio Alvarez Abogados Ambientales<\/b><\/p>