Un nuevo modelo de gestión ambiental, basado en sistemas de producción y consumo responsable, la eficiencia en el uso de materias primas, agua y energía, el cierre de ciclos de materiales, la innovación tecnológica, la colaboración entre actores y nuevas oportunidades de negocio, se viene imponiendo a partir de políticas e instrumentos normativos de reciente expedición en Colombia.
El modelo se fundamenta en los principios del ciclo de vida de los productos, la responsabilidad extendida de productores y de los generadores de residuos, la cultura de la no basura o basura cero, el aprovechamiento y valorización de todo tipo de residuos, entre otros, todo con un carácter sistémico y holístico que transita de esquemas lineales hacia modelos circulares.
El impulso de la economía circular se viene dando paulatinamente en Colombia, primero con la expedición de políticas de crecimiento verde impulsadas desde los planes nacionales de desarrollo, documentos CONPES, una serie de planes sectoriales y por supuesto la “Estrategia Nacional de Economía Circular” publicada en 2019 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así mismo, se vienen estableciendo regulaciones normativas referentes a la Gestión Integral de Residuos (peligrosos, hospitalarios y similares), los Planes de Gestión de Devolución Posconsumo (baterías usadas, fármacos o medicamentos vencidos, envases de plaguicidas), los Sistemas de Recolección Selectiva (RAEE, bombillas usadas, computadores y periféricos, pilas y acumuladores, llantas usadas) y los Planes de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques – PGAREE de papel, plástico, vidrio, cartón y metal, recordando que la nueva norma de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) integra ahora en un solo cuerpo normativo dichos residuos con los de pilas, bombillas y computadores.
Otras disposiciones dirigidas a forjar el modelo son las relativas al nuevo código de colores para la separación de residuos en la fuente, la ley que establece prohibiciones en materia de producción y consumo de plásticos de un solo uso, la gestión integral de aceites de cocina usados – ACU, los residuos de construcción y demolición – RCD y la nueva norma de recirculación y reúso de aguas residuales tratadas, resolución con la cual se espera además, que algunas autoridades superen el error que frecuentemente incurren cuando confunden el aprovechamiento o reúso de aguas residuales en actividades de riego, con un vertimiento al suelo.
La economía circular implicará necesariamente un cambio o transformación de los sistemas productivos no solo a nivel de la innovación, el ecodiseño, la eco efectividad, la búsqueda de soluciones inspiradas en la naturaleza (bionímesis), a fin de intervenir de manera sistémica los flujos de energía, de agua, de biomasa, de materiales industriales, de productos de consumo masivo, de materiales de envases y empaques y de materiales de construcción, entre otros, lo cual genera un sinnúmero de oportunidades, especialmente en materia de responsabilidad ambiental y social, certificaciones y acreditaciones, beneficios económicos e incentivos tributarios, el reconocimiento de consumidores, el aval de clientes y, por supuesto, los beneficios reputacionales y de imagen corporativa.
Pese a los avances normativos todavía falta mucho por hacer en la materia. Primero, se requiere mayor conciencia y cultura a partir del conocimiento de las normas por parte de todos los actores y el público o consumidores en general. Falta un rol más protagónico del Estado, del nivel central y de las autoridades ambientales en la difusión y conocimiento de las normas que se profieren, por ejemplo, a través de campañas masivas en medios masivos, que no solo fomente una cultura legal ambiental y de cumplimento normativo, sino que supere además la presunción legal, pero arbitraria y antidemocrática, por la cual suponemos erróneamente que todo el mundo conoce las normas por el solo hecho de su publicación en un diario o una web oficial. En nuestro criterio resulta inconsistente que toda la carga de la educación y sensibilización recaiga en las empresas y/o los productores.
Finalmente, es imperativo reformar a toda costa el sistema del servicio público domiciliario de aseo, pero, sobre todo, su esquema tarifario, el cual va en clara contravía al modelo pese al incentivo por aprovechamiento. Con ello se podría cerrar la brecha entre las normas del sector ambiental y las del sector vivienda, ciudad y territorio, fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos municipales, implementar verdaderamente el código de colores y la separación en la fuente en los hogares y fomentar de paso la educación, conciencia y cultura ambientales.
Pero lo más importante, lograríamos evitar que sigan ingresando millones de toneladas de residuos aprovechables y valorizables a los rellenos sanitarios, residuos que de esa manera el sistema convierte en basura y le permite sostener una tarifa elevada por cada tonelada ingresada, enterrando allí, paradójica y contradictoriamente, montañas de materiales y de dinero.
Por: Juan Carlos Álvarez Quintero
Socio Álvarez Abogados Ambientales
